[/caption]Justo cuando la construcción, el motor económico del país en las últimas décadas, está en su peor momento, dos alcaldes, seis concejales, un secretario municipal y dos empresarios de la provincia de Alicante han sido detenidos por su supuesta relación con casos de corrupción urbanística. Al escándalo que supuso la detención hace diez días de un concejal de San Fulgencio que reconoció un soborno de 5.000 euros para una recalificación urbanística, se han unido los arrestos de la alcaldesa del municipio y cinco ediles más, por un lado y la detención del veterano alcalde de Bigastro, supuestamente relacionado con otra trama.
Sin embargo, las detenciones de los últimos diez días no constituyen en modo alguno casos aislados. Dos ex alcaldes de la provincia de Alicante, Luis Fernando Cartagena, ex primer edil de Orihuela por el PP, y Carlos Pascual, ex alcalde de Pego por un partido independiente, cumplen cuatro y seis de cárcel por casos probados de ilegalidades en su gestión como alcaldes.
Estos dos responsables municipales han sido los primeros alcaldes de la democracia en la provincia de Alicante que han permanecido en la cárcel por decisiones derivadas de su condición de primeros ediles. En el caso de Luis Fernando Cartagena, que después de unas semanas en las prisiones de Villena y Albacete, cumplirá la condena en su domicilio, controlado judicialmente por una pulsera telemétrica, fue a la cárcel por un caso considerado menor después de que su nombre apareciera vinculado en el escándalo de las primas opacas del Banco de Santander, que a principios de los años 90 investigó el entonces juez de Delitos Económicos de la Audiencia Nacional Luis Lerga. Sin embargo este caso fue de una oficina judicial a otra y más de quince años después de saltar a la opinión pública, todavía no se ha juzgado.
Sin embargo, Cartagena sí que fue juzgado y condenado por el llamado caso de las monjitas, la apropiación de ocho millones de las antiguas pesetas que una congregación religiosa oriolana donó al Ayuntamiento, fue castigada con cuatro años de cárcel. El ex alcalde, que con posterioridad a este cargo, fue conseller de Obras Públicas en el primer gobierno de Zaplana y dimitió por su supuesta implicación en el caso de las primas únicas, fue condenado a cuatro años de cárcel. Recurrió hasta el Supremo y tras ser confirmada la sentencia solicitó el indulto, que el Gobierno rechazó casi cuatro años después. Finalmente el pasado verano ingresó en la prisión de Villena y tras su traslado a la de Albacete cumplirá el resto de la condena en su casa.
Madrugadores plenos
Carlos Pascual, el controvertido alcalde pegolino, que entre otras muchas cualidades, tenía la costumbre de convocar los plenos municipales a las ocho de la mañana, fue condenado a seis años de cárcel por delito medioambiental contra la marjal de Pego-Oliva. Ingresó en la cárcel de Picassent. Actualmente está encerrado en el centro penitenciario Alicante II de Villena. Cartagena y Pascual son dos ejemplos de alcaldes que ingresaron en prisión, pero la Administración de Justicia investiga las actuaciones como alcaldes del ex primer edil de Orihuela, José Manuel Medina, que sustituyó en la Alcaldía a Luis Fernando Cartagena, cuando se marchó a la Generalitat a ocupar el cargo de conseller de Obras Públicas.
El juzgado 3 de Orihuela y el fiscal Anticorrupción investigan su gestión como alcalde, supuestas irregularidades relacionadas con el urbanismo y sus relaciones con promotores inmobiliarios. El año pasado fue sometido a un larguísmo interrogatorio. De hecho, su condición de imputado le obligó a apartarse de la actividad pública municipal.
El alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, otro veterano de la actividad municipal en la provincia de Alicante, también está imputado judicialmente por la compraventa de una finca que le supuso unos beneficios de 5,2 millones de euros.
Agricultura y ladrillo
Hay un dato especialmente significativo. La mayor parte de los escándalos urbanísticos han surgido en poblaciones cuya principal fuente de riqueza hasta hace unos años era la agricultura. Pero el escaso peso del sector primario ha desviado la actividad económica hacia el sector de la construcción.
Al amparo de la construcción, la Vega Baja ha experimentado un incremento demográfico espectacular. Sólo un dato: 267.239 personas estaban empadronadas en la comarca en 2002. Tres años después, la población ya alcanza las 325.276, lo que supone un aumento del 21%, según los últimos datos del Instituto Valenciano de Estadística.
El boom urbanístico que ha experimentado la comarca ha sido posible gracias a la llegada masiva de extranjeros, procedentes fundamentalmente de Reino Unido, Alemania, Bélgica, Finlandia y Francia. Así, la población foránea empadronada en la comarca se ha incrementado un 82% desde el año 2002, pasando de 60.148 personas a 109.923, según los últimos datos oficiales.
La huerta de la Vega Baja es hoy en día una zona repleta de urbanizaciones turísticas de chalés adosados en las que residen miles de residentes extranjeros. Las recalificaciones de suelo rústico a urbano han proliferado en los últimos años.
Uno de los casos más significados es Catral. El Consell asumió hace ahora dos años las competencias urbanísticas del municipio después de que el alcalde, José Manuel Rodríguez, que fue expulsado del partido Socialista, autorizara un total de 1.200 viviendas sin licencia municipal.
Queda en fin el proceso abierto contra el alcalde de Benitatxell, Juan Cardona. Está imputado por un supuesto delito de prevaricación y cohecho. El caso está relacionado con una recalificación de terrenos. Fue detenido en julio pasado y en la actualidad está en libertad con cargos.
Fuente:
Lasprovincias.es
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