A pesar de que los datos son menos malos que los del año anterior, 580 muertos por accidentes laborales entre enero y junio es una cifra ciertamente preocupante. España cuenta con una legislación avanzada y con un servicio de inspección de trabajo cuya trayectoria es muy eficaz. La media de casi tres trabajadores que mueren cada día en el ejercicio de su actividad profesional supera con mucho los límites razonables, aunque una parte no desdeñable sean accidentes in itinere, es decir, a la ida o al regreso del centro de trabajo.
En cifras globales, se han producido más de 888.000 accidentes, la gran mayoría de los cuales supuso, entre otras consecuencias, la pérdida de uno o más días de trabajo. Si bien es digna de reseñar la rebaja en los siniestros de carácter leve, la cifra de accidentes graves se repite respecto al año anterior. El sector de la construcción sigue siendo un verdadero agujero negro, sin que la situación mejore por mucho que se aprueben nuevas normas, se impongan sanciones o se incrementen las visitas de inspección. Andalucía y Cataluña están en cabeza de esta estadística trágica, lo que conlleva igualmente una llamada de atención para las autoridades autonómicas competentes.
También los empresarios y los trabajadores, con la colaboración de las organizaciones sindicales, deben hacer un esfuerzo conjunto para poner fin a esta lacra. Las leyes y la responsabilidad social exigen que las empresas no escatimen en gastos para evitar en lo posible las causas de los siniestros. En el sector de la construcción es fácil comprobar que muchos trabajadores asumen riesgos por culpa de instalaciones inadecuadas, acciones imprudentes o falta de formación. Este último es un elemento determinante para reducir la siniestralidad. Por supuesto, la responsabilidad incumbe a los poderes públicos.
El Ministerio de Trabajo debe ser algo más que una fuente de información cuando las desgracias ya se han producido, y las comunidades autónomas tienen competencias muy precisas en la materia, que deben ejercer con eficacia y agilidad. Asimismo, el Ministerio Fiscal está obligado a velar por el cumplimiento de la ley ejerciendo acciones penales cuando procedan. Al tomar posesión de su cargo, Cándido Conde-Pumpido prometió situar el tema de los accidentes de trabajo entre las prioridades de la Fiscalía. En la práctica, no ha hecho mucho. Es el momento de exigirle que adopte con más firmeza las medidas pertinentes para que recaigan las sanciones que merecen los culpables de acciones u omisiones penadas por la ley. Por último, es imprescindible movilizar a la sociedad para que abandone su actitud de desinterés o fatalismo: en este terreno queda mucho por hacer y cualquier esfuerzo, ya sea económico o de otro tipo, producirá resultados razonables para mitigar un problema que nos afecta a todos.
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